Durante una inspección técnica, las autoridades determinaron que el inmueble posee categoría patrimonial y que para la ejecución del proyecto se habrían utilizado autorizaciones emitidas hace aproximadamente 15 años, documentos que no contemplaban los trabajos actualmente realizados en el lugar.
Entre los hallazgos figuran excavaciones y la remoción de elementos arquitectónicos históricos que no estaban incluidos dentro de las autorizaciones vigentes, situación que encendió las alarmas del IDAEH y llevó a la paralización de los trabajos cuando apenas se había ejecutado el 1.6 % de la obra.La suspensión ha generado una serie de preguntas que ahora resuenan entre vecinos y sectores sociales: ¿Cómo fue adjudicado un proyecto de Q14.9 millones sin contar con todas las autorizaciones necesarias? ¿Quién verificó la legalidad de los permisos antes de iniciar los trabajos? ¿Existieron fallas en los mecanismos de control y fiscalización?
La legislación guatemalteca es clara. El artículo 61 del Decreto 26-97 establece que cualquier construcción, remodelación, demolición o ampliación de inmuebles que formen parte del patrimonio cultural debe contar previamente con un dictamen favorable del IDAEH. Sin este requisito, la licencia carece de validez legal.
Expertos señalan que la situación podría reflejar una falla en distintas etapas del proceso administrativo. La Dirección Municipal de Planificación deberá verificar el cumplimiento de los requisitos durante la fase de factibilidad; el Concejo Municipal tenía la responsabilidad de fiscalizar el proyecto antes de aprobar los fondos; y el alcalde debía garantizar que toda la documentación estuviera en regla antes de ordenar su ejecución.
Mientras las investigaciones continúan, la obra permanece detenida y el caso se convierte en un nuevo ejemplo de cómo una aparente omisión administrativa puede transformarse en un problema legal de grandes dimensiones.
Por ahora, las preguntas siguen sin respuesta y el edificio que debía simbolizar el desarrollo municipal se ha convertido en el centro de un caso que mantiene a Salcajá en expectativa.



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