El caso de los exlíderes de 48 Cantones que dividió a Guatemala
Con información de Herlindo García
La liberación bajo arresto domiciliario de los exdirigentes de los 48 Cantones de Totonicapán, Luis Pacheco y Héctor Chaclán, reavivó uno de los debates más intensos de los últimos años en Guatemala: ¿los bloqueos nacionales de 2023 fueron una legítima protesta ciudadana o una acción que terminó favoreciendo intereses políticos?
Ambos permanecieron más de 15 meses en prisión preventiva y ahora continuarán enfrentando un proceso penal por los delitos de terrorismo, asociación ilícita y obstrucción a la acción penal, luego de que un juez les concediera medidas sustitutivas bajo arresto domiciliario y el pago de una caución económica.
Los bloqueos que paralizaron el país
Durante aproximadamente 114 días el país enfrentó una fuerte crisis de movilidad. El transporte de alimentos, combustibles, medicamentos y otros productos se vio afectado, mientras miles de trabajadores, estudiantes y empresarios denunciaban pérdidas económicas y dificultades para desplazarse.
Sectores empresariales y comerciales estimaron que los bloqueos provocaron millonarias pérdidas económicas, mientras que organizaciones sociales defendieron las manifestaciones como un derecho constitucional frente a lo que calificaban como una amenaza al orden democrático.
¿BENEFICIOS POLÍTICOS?
Uno de los principales cuestionamientos surgidos desde distintos sectores es que las protestas coincidieron con la defensa de los resultados electorales que finalmente permitieron la toma de posesión del presidente Bernardo Arévalo.
Los críticos sostienen que los bloqueos terminaron beneficiando políticamente al entonces presidente electo y a su movimiento, mientras que quienes participaron en las manifestaciones aseguran que su objetivo era proteger la voluntad popular expresada en las urnas y no favorecer a un partido político.
Hasta la fecha, no existe una resolución judicial firme que determine que los bloqueos fueron organizados con fines de obtener beneficios políticos.
PROCESO JUDICIAL
Luis Pacheco y Héctor Chaclán enfrentan cargos por terrorismo, asociación ilícita y obstrucción a la acción penal. Sus defensores sostienen que el caso representa una criminalización de la protesta social y argumentan que la prisión preventiva excedió el plazo legal establecido por la legislación guatemalteca.
Por su parte, el Ministerio Público mantiene vigente la investigación y será el sistema de justicia el encargado de determinar si existen responsabilidades penales.
Un país dividido
La liberación de ambos exdirigentes ha generado reacciones encontradas. Mientras organizaciones indígenas, comunitarias y de derechos humanos celebran su salida de prisión y los consideran presos políticos, otros sectores sostienen que los bloqueos ocasionaron graves afectaciones a la economía y a la libre locomoción de millones de guatemaltecos.
El caso continúa siendo uno de los expedientes judiciales más relevantes del país y su desenlace podría marcar un precedente sobre los límites entre el derecho constitucional a la manifestación y las posibles responsabilidades penales derivadas de protestas que afectan servicios y vías públicas.
Por ahora, la discusión sigue abierta y será la justicia guatemalteca la que deberá establecer, con base en las pruebas, si los hechos constituyeron delitos o el ejercicio legítimo del derecho de protesta.
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