Con información de Herlindo García.
Exdirectivos son condenados por millonaria estafa que afectó a más de 220 asociados
Totonicapán.
Tribunal de justicia dictó sentencia contra cuatro exdirectivos y colaboradores de la cooperativa COFISA, luego de establecer su participación en un fraude que habría afectado a más de 220 asociados y generado un perjuicio económico superior a los Q10 millones.
Los condenados
Entre los sentenciados figura Augusto Isaías Tzunun Talé, quien recibió una pena de 8 años y 4 meses de prisión por los delitos de estafa continuada y manipulación de información contable.
También fueron condenados Miguel Efraín Velásquez Mazariegos, perito contador, a 3 años de prisión e inhabilitación profesional, y Lidia Graciela Tacam de Soch, igualmente perito contador, quien recibió una pena de 3 años de prisión e inhabilitación.
Por su parte, Sindy Roxana Tzunun Cuc fué sentenciada a 5 años de prisión por los delitos de usurpación de profesión y estafa.
De acuerdo con la información del caso, los dos peritos contadores y Tzunun Cuc permanecen en libertad bajo medidas sustitutivas mientras se resuelven los recursos legales correspondientes.
El supuesto mecanismo utilizado
Las investigaciones establecieron un presunto esquema mediante el cual se habrían autorizado préstamos a nombre de entidades que, según el expediente, fueron utilizadas para simular operaciones financieras.
Entre las entidades mencionadas figuran Reservas de Chicabal, SIDECO, SASOL y Cooperación JECA S.A. La investigación señala que estas organizaciones habrían sido creadas únicamente en papel y que sus representantes estaban vinculados con los propios acusados.
Según el expediente, mediante estas operaciones se habría permitido desviar recursos en beneficio de los involucrados, ocasionando pérdidas millonarias para los asociados.
Un proceso que comenzó en 2022
El caso se remonta a 2022, cuando varios socios comenzaron a denunciar irregularidades relacionadas con la entrega de sus depósitos.
Posteriormente se realizaron auditorías y se presentaron denuncias, aunque el proceso avanzó lentamente. Fue hasta 2025 cuando se efectuaron allanamientos en las oficinas de COFISA, en San Cristóbal Totonicapán, como parte de las investigaciones que finalmente derivaron en el proceso penal.
En julio de 2025, 11 integrantes de la directiva fueron citados a primera declaración. Siete quedaron libres al argumentar que desconocían el papel que desempeñaban dentro de la estructura señalada. Finalmente, cuatro personas fueron enviadas a juicio.
Q6 millones de reparación
Además de las penas de prisión, el tribunal ordenó el pago de aproximadamente Q6 millones en concepto de reparación digna, cantidad que se suma al capital considerado defraudado.
Asimismo, se logró el embargo de seis inmuebles vinculados con los acusados, como parte de las medidas relacionadas con la recuperación de los recursos.
Más de 220 asociados afectados
Uno de los aspectos más sensibles del caso es el impacto económico sobre los socios de la cooperativa.
De los más de 220 asociados afectados, alrededor de 75 impulsaron directamente el proceso judicial, con acompañamiento del Instituto de la Víctima, el Ministerio Público y abogados particulares.
Según la información del expediente, algunos afectados todavía no han recuperado sus depósitos, con casos que alcanzarían hasta Q200 mil por persona.
Un precedente para la región
La sentencia marca un importante precedente para los asociados afectados y pone nuevamente bajo la lupa los mecanismos de control y fiscalización dentro de las entidades cooperativas.
Más allá de las condenas dictadas, uno de los principales desafíos será determinar cómo se logrará recuperar el dinero perdido y garantizar que los afectados puedan recibir la reparación correspondiente.
El caso COFISA deja una interrogante de fondo: ¿cómo pudo un esquema financiero de esta magnitud mantenerse durante años sin ser detectado oportunamente?
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