El Ministerio Público, por medio de la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad, en coordinación con la Fiscalía Regional Metropolitana y con el apoyo de elementos de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil, desarrolló 24 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia, y logró la aprehensión de 21 personas, en seguimiento a investigaciones relacionadas con estructuras criminales dedicadas al narcotráfico, la extorsión y la corrupción.
Las diligencias se ejecutaron en inmuebles ubicados en los departamentos de Guatemala, Chimaltenango, Sacatepéquez, Suchitepéquez, Jutiapa, Alta Verapaz, Petén y Quetzaltenango, incluyendo una dentro del Centro Preventivo para Mujeres de Quetzaltenango.
Primera estructura: “Los Narco Guerra 503”
La investigación permitió identificar a la estructura criminal denominada “Los Narco Guerra 503”, dedicada al narcomenudeo y conformada por ciudadanos salvadoreños que operaban en el departamento de Quetzaltenango.
De acuerdo con las investigaciones, sus integrantes se dedicaban a la adquisición, distribución y comercialización de drogas en distintos puntos del departamento, abasteciendo a los consumidores finales.
Por este caso fueron aprehendidos Verónica P., Lusi S., César D., Yani R. y Matilde G.
Segunda estructura: narcotráfico, corrupción y extorsión en el Centro Preventivo para Mujeres de Quetzaltenango
La investigación permitió establecer la existencia de una estructura criminal integrada por privadas de libertad del Centro Preventivo para Mujeres de Quetzaltenango, quienes, en coordinación con personal del Sistema Penitenciario, se dedicaban a la venta, distribución y adquisición de drogas dentro del centro carcelario.
Asimismo, se determinó que dicha organización realizaba cobros de extorsión, conocidos como “talacha”, dirigidos a familiares de las internas recién ingresadas, a quienes exigían sumas de dinero bajo amenazas de agresiones, restricciones y vejámenes en contra de las privadas de libertad o de sus familiares.
La investigación se originó a partir de una denuncia presentada en enero de 2024, mediante la cual se estableció que la estructura era liderada por una privada de libertad, apoyada por dos sublideresas, quienes obtenían los contactos de familiares de las reclusas de nuevo ingreso para exigir pagos ilegales que oscilaban entre Q2 mil y Q6 mil.
Dichos cobros eran coordinados con guardias del Sistema Penitenciario, quienes colaboraban en la entrega del dinero o en su recepción mediante depósitos bancarios.
En cuanto al tráfico de drogas, se determinó la existencia de proveedores externos que entregaban los ilícitos en la entrada del centro, facilitando los guardias su ingreso para la posterior distribución interna.
Por este caso fueron aprehendidos los particulares Mayra B., Abigail L., Luisa L., Luis G. y José V., así como los guardias del Sistema Penitenciario Queller A., Abraham B., Luis H. y Virgilio B.
Durante la diligencia de allanamiento efectuada en el centro carcelario, fueron consignadas seis reclusas a quienes se les localizó droga y teléfonos celulares: Soledad M., Ana R., Yesica F., Kayron V., Mayra R. y Marta C.
Además, dentro del mismo caso, cinco personas más fueron citadas a primera declaración por su presunta vinculación con la estructura criminal.
Durante las diligencias se secuestraron múltiples indicios que fortalecerán las investigaciones en curso, entre estos, teléfonos celulares, marihuana y cocaína (según prueba de campo), dos motocicletas y un vehículo. Asimismo, se clausuró un inmueble vinculado en las investigaciones.
Estas acciones reflejan el compromiso del Ministerio Público de atacar de manera directa y simultánea las redes criminales que combinan narcotráfico, extorsión y corrupción, fortaleciendo el control institucional y la aplicación de la ley en todos los niveles.
El Centro Interinstitucional contra la Narcoactividad en Guatemala (CICNAG) reafirma su compromiso de continuar impulsando operativos integrales que permitan desarticular estructuras del crimen organizado y garantizar la seguridad y justicia para la población guatemalteca.
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